Por Andres Gomez Lopez, abogado de ACI Abogados Consultores en Insolvencia · Actualizado: octubre de 2026

La entrada en vigencia de la Ley 2445 de 2025, que reformó el régimen de insolvencia de la persona natural, generó cambios importantes en la forma en que los deudores pueden acceder a un alivio financiero y en cómo los acreedores deben actuar frente al proceso. Uno de los aspectos más sensibles es la protección de la mesada pensional cuando el deudor es jubilado o beneficiario de una pensión.

La pensión como ingreso protegido

La pensión, de acuerdo con la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no solo cumple una función económica, sino también una función social: garantiza el mínimo vital y la dignidad humana de las personas mayores. En esa línea, la Ley 2445 de 2025 estableció reglas para impedir que los descuentos sobre la mesada pensional pongan en riesgo la subsistencia del deudor y de su familia.

Suspensión de descuentos durante el trámite

El artículo 545 del Código General del Proceso, modificado por la Ley 2445 de 2025, prevé que, una vez aceptada la solicitud de insolvencia, se suspenden los procesos de cobro y los descuentos por libranza y los pagos automáticos, salvo las obligaciones alimentarias. La norma busca proteger los ingresos esenciales del deudor mientras se llega a un acuerdo con los acreedores o, en su defecto, se liquida el patrimonio conforme a la ley.

Este punto es importante porque, en la práctica, algunas entidades mantenían los débitos automáticos a pesar de la apertura del proceso. Con la reforma, el acreedor que siga cobrando se expone a las sanciones que prevé la ley.

Implicaciones prácticas para el pensionado

Liquidez: la ley prevé que, durante el trámite, la mesada no se vea disminuida por descuentos directos, lo que ayuda a cubrir alimentación, salud y vivienda.
Capacidad de negociación: al no estar sometido a descuentos automáticos, el pensionado puede proponer fórmulas de pago más realistas en el acuerdo con sus acreedores.
Respeto a la dignidad: se evita que la insolvencia se convierta en una situación de exclusión social.

Retos en la aplicación

Algunos acreedores insisten en mantener los débitos automáticos.
El deudor debe informar de inmediato a los bancos y a la entidad pagadora de la pensión sobre la aceptación del proceso.
Los conciliadores y jueces deben exigir el respeto de la medida de protección.

La Ley 2445 de 2025 representa un avance en la protección de los deudores pensionados en insolvencia: además de un ingreso económico, protege un derecho ligado a la vida digna y al mínimo vital.

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Este artículo es informativo y no reemplaza la asesoría legal sobre un caso concreto. ACI es una firma de abogados: no presta dinero, no compra deudas ni garantiza la aprobación de un acuerdo.